La resolución de la Suprema Corte ha sido un triunfo del movimiento feminista, de las colectivas, las organizaciones de mujeres sindicales democráticas y políticas que no han dejado de luchar en las calles y de impulsar iniciativas para que deje de criminalizarse a las mujeres y personas gestantes por abortar. Sin embargo, la despenalización no implica que el Estado regule u otorgue dicho servicio para que la práctica sea segura. Es decir, no está garantizado por el Estado. Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado, pero, esto solo significa un primer paso. Por ello ahora llamamos a seguir movilizadas para lograr la legalización del aborto en todo el país, lo cual significa que el Estado debe asumir la responsabilidad de enfrentar esta problemática como una cuestión de salud pública, que requiere presupuesto para realizar, sin ningún impedimento, los procedimientos que permitan garantizar nuestro derecho a decidir, así como servicios de salud sexual y reproductiva. No nos conformamos con que el aborto pase de ser clandestino a precario. De no ser así, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública y de desigualdad social, ya que seguirán siendo las mujeres precarizadas y las personas gestantes las que se vean obligadas a acudir a clínicas clandestinas e insalubres, poniendo en riesgo su salud y sus vidas.
Desde la Coordinación 8M, nos manifestamos porque las mujeres no dejemos de movilizarnos en las calles de manera independiente, no dejaremos de organizarnos en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios y comunidades, en nuestras escuelas y universidades, luchando y exigiendo la legalización del aborto a nivel nacional y la homologación de los códigos penales estatales, para que éste deje de criminalizarse de manera efectiva.
Demandas:
Nuestro derecho a decidir debe ser pleno, y por ello requerimos una educación sexual, a partir del nivel básico, sin estereotipos sexistas, con profesionales bajo un enfoque integral, con perspectiva de género, además de proporcionar anticonceptivos gratuitos a toda la población que lo necesite.
Requerimos que existan guarderías gratuitas y aumentos de emergencia a nuestros salarios acorde con la carestía de los productos de la canasta básica; garantizando condiciones de tiempo y espacio que nos permitan ejercer una lactancia y maternidad plenamente satisfactorias.
Exigimos se respeten todos nuestros derechos, contra toda violencia machista e institucional, contra la precariedad económica y laboral, contra la criminalización y represión del movimiento feminista, por condiciones realmente seguras en nuestros trabajos para que bajo la apertura total de la economía no se expongan nuestras vidas y la de nuestras hijas e hijos. Asimismo exigimos la pronta ratificación al Convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
Seguiremos en la lucha para que podamos salir y regresar seguras a nuestras casas, y estar seguras en ellas.
Denunciamos que las leyes y la justicia tienen un enfoque acorde al servicio del sistema patriarcal y machista. Ni una mujer violentada, desaparecida ni asesinada más.